CONFLICTOS EN LA MINERÍA DE OAXACA

La presencia de la minería en el estado de Oaxaca ha provocado problemáticas graves en diversas comunidades, principalmente donde se han otorgado concesiones mineras, o donde se realizan actividades de prospección, exploración y explotación de minerales.

Concesiones mineras otorgadas sin el consentimiento de las comunidades

Desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaría de Economía ha otorgado 972 títulos de concesión minera, de las cuales actualmente 299 están vigentes[1]. Dichas concesiones cubren una superficie total de 462'974 hectáreas, que representan el 5% del territorio estatal. A nivel nacional se encuentran concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras[2].

Las concesiones mineras se otorgaron en 90 municipios del estado de Oaxaca por un periodo de 50 años, dichos municipios no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras, éstas han sido entregadas en ejidos y comunidades agrarias que tradicionalmente tienen uso para la agricultura comercial y de autoconsumo, ganadería, pesca, son sitios sagrados e incluso abarcan centros poblacionales, en consecuencia las comunidades no tienen información sobre el tamaño de la concesión, su vigencia, el titular, entre los datos más relevantes. Es necesario señalar que la información proporcionada a las comunidades en Oaxaca por el gobierno federal, estatal y empresas involucradas ha sido discresional, no se informa sobre la escala del proyecto o los posbiles impactos que esta actividad ha generado en otros estados de la república en los ámbitos social, político, ambiental y cultural.

Veintidós[3] comunidades han exigido la cancelación de dichas concesiones argumentando violaciones a sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, principalmente el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública; sin embargo el marco legal, no establece ningún mecanismo para su cancelación, a excepción de la decisión de la empresa para desistirse,terminación de la vigencia o resolucion judicial[4], aunado a que la actividad minera tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se da a la tierra[5]. Estos elementos colocan en total desprotección a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca y al ejercicio de sus derechos, incluso el derecho a la defensa.